Crisis migratoria: El fin del Título 42 en EEUU y sus implicaciones
“El Gobierno de Estados Unidos está preparado para el levantamiento del Título 42”. Así lo aseguró este domingo Alejandro Mayorkas, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, ante las críticas por el tratamiento del tema migratorio en la nación norteamericana.
Desde el programa Face The Nation de CBS News, Mayorkas aclaró que la administración de Joe Biden “se ha estado preparando para esto desde hace mucho tiempo”. “Intentamos poner fin al Título 42 repetidamente y los tribunales nos impidieron hacerlo”, dijo, y discrepó con los señalamientos recibidos por parte de algunos congresistas.
Este domingo, la senadora independiente por el estado de Arizona, Kyrsten Sinema, advirtió sobre una “crisis humanitaria” en Estados Unidos cuando el Título 42 expire este 11 de mayo.
“La administración de Joe Biden tuvo dos años para prepararse para esto y no lo hizo. Y los migrantes estarán en crisis la próxima semana”, expresó Sinema en una entrevista de CBS News.
Sinema y el también senador Thom Tillis presentaron la semana pasada un proyecto de ley bipartidista para extender la autoridad del presidente Biden para expulsar inmigrantes sin una audiencia, incluso después de que se levante el Título 42.
La propuesta, dijo Sinema a CBS News, “se trata de solucionar esto, dándonos algo de tiempo y espacio para que el gobierno haga su trabajo, y para que nosotros, los legisladores, realmente creemos un plan que pueda aprobar tanto la Cámara como el Senado”.
Asimismo, criticó al gobierno federal por su inacción ante la situación migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.
“Hablé con Sinema, y le aseguré que nuestro personal está preparado”, apuntó por su parte Mayorkas, al ser interrogado por CBS News sobre el tema.
El secretario del Departamento de Seguridad Nacional argumentó: “Tenemos un centro de información sobre migración que está configurado específicamente para comunicarse con los funcionarios estatales y locales. Y estamos utilizando a nuestros coordinadores regionales como nuestros puntos clave de contacto”.
Asimismo, manifestó que el Congreso necesita impulsar una reforma migratoria en el futuro cercano. “Todo lo que está haciendo el Departamento de Seguridad Nacional y nuestros socios en todo el gobierno federal, está dentro de un sistema de inmigración que no funciona”, señaló Mayorkas, y agregó que “el presidente pasó al Congreso una propuesta para arreglar nuestro sistema de inmigración roto de décadas, desde el primer día en el cargo”.
En su intervención en el programa de CBS News, Mayorkas enfatizó que a partir de esta semana se aplicará el Título 8, una política que permite “expulsar a personas de forma muy rápida”, y que incluye una prohibición de reingreso y un proceso penal.
“La frontera no está abierta. No ha estado abierta, y no estará abierta después del 11 de mayo. Y los contrabandistas que explotan a los migrantes vulnerables están difundiendo información errónea”, declaró citado días atrás por Fox News.
En teoría, bajo esta norma, quedarían inhabilitadas las solicitudes de los migrantes si cruzan la frontera ilegalmente y no solicitan asilo en un país por el que ya hayan viajado. “Con esta norma la consecuencia será más severa”, remarcó el funcionario.
Por su parte, la oposición republicana, con Donald Trump a la cabeza, acusa a Mayorkas de ser responsable de una “invasión” en la frontera con México, y la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate político en Estados Unidos. Se reconoce que es necesaria la mano de obra para ocupar las plazas vacantes -y de paso, paliar la alarmante inflación-, pero también se construye un discurso que vincula al emigrante con la delincuencia.
Lo cierto es que la inminente finalización de la norma conocida como Título 42 ha provocado un estado de emergencia en la frontera entre EE.UU. y México, en donde se padece un clima de extrema tensión ante la posibilidad de que se concrete una nueva y masiva llegada de migrantes que agrave la crisis humanitaria que persiste desde hace años.
Troy Miller, el principal funcionario de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, afirmó recientemente al Congreso que su agencia prevé la llegada de hasta 10 000 migrantes todos los días después del final del Título 42, lo que casi duplicaría el promedio diario de marzo.
En consecuencia, el Gobierno de EE.UU. ya anunció que enviará 1 500 soldados más a una frontera que, del lado mexicano, ya es custodiada por 2 500 efectivos de la Guardia Nacional.
Washington también anunció la creación de Centros Regionales de Procesamiento Migratorio en Colombia y Guatemala con el fin de frenar la migración desde los países de origen.
A todas luces la intención es evitar el desborde de la situación, pero la crisis ya se evidencia en las calles y en los albergues de las ciudades fronterizas, en donde se hacinan miles de personas, principalmente latinoamericanas, en espera de obtener el ansiado asilo en EE.UU. para poder trabajar legalmente.
El Título 42, que comenzó a regir en marzo de 2020 y vencerá el próximo jueves 11 de mayo, permitía que los migrantes indocumentados encontrados en territorio estadounidenses fueran deportados de inmediato a México, o a sus países de origen, con la excusa de la emergencia sanitaria que provocó la pandemia de covid-19. La medida fue impuesta por Donald Trump.
Datos divulgados por la prensa norteamericana muestran que bajo este programa, en los últimos tres años se frenaron los trámites de asilo en EE.UU. y se concretaron más de 2.6 millones de expulsiones, una cifra récord.
Además, hubo miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, como malos tratos, torturas y secuestros durante estos procedimientos.
A partir del viernes 12 de mayo regirá el Título 8, que estaba vigente previo al Título 42.
Aunque el Título 8 establece sanciones penales, deportaciones y juicios contra los migrantes indocumentados, las autoridades temen que la desinformación o la posibilidad de reabrir los trámites de asilo incentive un arribo masivo de personas, subrayan los medios.
Vale destacar que hasta fines del año pasado, estaban en espera 1.6 millones de solicitudes de asilo de migrantes que apelan a este derecho con el argumento de que en sus países los persiguen por diversos motivos.
El fin del Título 42: ¿Qué implica para los migrantes?
Se ha anunciado que el Gobierno de EE.UU., a partir de la próxima semana, pondrá en práctica “medidas enérgicas” antimigratorias, que podrían traer consecuencias penales y expulsión para los migrantes irregulares de la frontera estadounidense.
El Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) detallaron, a través de una publicación oficial, cuál será el alcance del levantamiento del Título 42, una política que permitía la expulsión expedita a México de los migrantes que arribaban a la frontera terrestre, con la justificación de una “emergencia sanitaria” por la pandemia.
El Título 42 dejará de tener vigencia el 11 de mayo a las 23:59 (hora local). A partir de ese momento, EE.UU. volverá a usar las facultades migratorias establecidas en el Título 8 “para procesar de manera expeditiva y expulsar a personas que lleguen a la frontera estadounidense de forma ilegal”, dice el texto.
Según las afirmaciones de Washington, el levantamiento del Título 42 busca “seguir reduciendo la migración ilegal en el Hemisferio Occidental, ampliar de manera significativa las vías lícitas de protección y facilitar el procesamiento seguro, ordenado y humano de las personas migrantes”.
¿Cuál es el alcance del Título 8? El Departamento de Seguridad de EE.UU. explica que con el Título 8, quienes crucen la frontera de manera irregular, “serán sujetos a consecuencias penales”, como deportación, enjuiciamiento por intentos repetidos de entrada ilegal o una prohibición de cinco años de entrar al país norteamericano.
En ese sentido, las autoridades estadounidenses esperan que el regreso al Título 8 “reduzca la cantidad de intentos repetidos de cruzar la frontera de manera irregular”, que aumentaron significativamente bajo el Título 42.
“Nuestro mensaje para aquellos que quieren venir a los EE.UU. es claro: no les crean a los contrabandistas. No pongan sus vidas en riesgo emprendiendo un viaje tan peligroso solo para ser deportados”, dice el escrito divulgado en sus redes.
Estados Unidos ha anunciado que las medidas se implementarán en “estrecha coordinación con socios regionales” de los Gobiernos de México, Canadá, España, Colombia y Guatemala.
En Guatemala y Colombia comenzarán a operar los Centros Regionales de Procesamiento (RPC, por sus siglas en inglés), sitios para tramitar solicitudes de asilo, permisos laborales y de reagrupación familiar.
Según se explica, las personas de la región podrán hacer una cita desde su teléfono para visitar el RPC más cercano antes de viajar y ser entrevistadas por especialistas en inmigración.
En el caso de que reúnan los requisitos, su solicitud se procesará de manera rápida para acceder a EE.UU., Canadá y España.
Ahora, ¿qué ocurrirá con quienes crucen la frontera de manera irregular? Estas personas serán procesadas por las autoridades migratorias para proceder a la deportación acelerada del Título 8 en cuestión de días. Se les prohibirá el reingreso a EE.UU. en el próximo lustro, si se ordena su expulsión, y se presumirá que no son elegibles para asilo bajo la regulación propuesta de Elusión de Vías Lícitas (Circumvention of Lawful Pathways), cuando no haya una excepción.
Y, ¿cuáles son las vías lícitas? EE.UU. ha dispuesto algunas medidas, como el acceso ampliado a la aplicación CBPOne, disponible en inglés y español, para programar una cita y presentarse en un puerto de entrada al país.
También se habla de nuevos procesos del programa de reunificación familiar, llamado Family Reunification Parole Process. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que creó nuevos permisos de reunificación familiar para El Salvador, Guatemala, Honduras y Colombia, y que se encuentra “modernizando” los papeles de este tipo para Cuba y Haití.
No obstante, el comunicado del Departamento de Seguridad de EE.UU. hace la salvedad de que EE.UU. continuará aceptando hasta 30 000 personas por mes de países como Venezuela, Cuba y Haití, “como parte de los procesos ampliados de permisos humanitarios que se anunciaron previamente este año”.
¿Cómo ha reaccionado México?
Luego del anuncio del reforzamiento de la militarización en la frontera, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, recibió a la asesora de Seguridad Nacional de EE.UU., Elizabeth Sherwood-Randall, con quien acordó la continuidad de programas migratorios ya establecidos entre ambos países.
Según el comunicado oficial del encuentro, EE.UU. se comprometió a recibir a más de 100 000 personas de Honduras, Guatemala y El Salvador por motivos de reunificación familiar; y seguirá aceptando a personas de países como Cuba, Haití y Venezuela.
López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard insistieron la pasada semana en que el fin del Título 42 no implica que EE. UU. facilitará el ingreso de migrantes.
“Es muy importante informar porque en los últimos días estamos viendo un flujo muy importante de migrantes sobre la base de un engaño. Les dicen a las personas: ‘apúrense para llegar a EE.UU. cruzando México porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42’. Les dicen que, como esa disposición ya no va a estar vigente, ahora sí se pueden ir para allá. Les cobran entre 5 000 y 7 000 dólares por persona”, explicó Ebrard, citado por medios locales.
El ministro de Relaciones Exteriores de México aclaró que esto es mentira e invitó a las personas interesadas en emigrar a EE.UU. a realizar los trámites de manera legal para evitar riesgos.
No obstante, la tensión en la frontera es latente. Incluso el Gobierno estadounidense emitió una serie de recomendaciones para prevenir el impacto que puede tener en los elementos de la patrulla fronteriza la llegada masiva de migrantes.
Medios apuntan que uno de los casos más críticos se vive en la ciudad de El Paso (Texas), fronteriza con la mexicana Ciudad Juárez, y que es una de las principales rutas de los inmigrantes.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, declaró esta semana un estado de emergencia porque miles de migrantes están viviendo en las calles, sin condiciones mínimas de alimentación e higiene.
Además, los albergues estatales o los operados por organizaciones humanitarias ya advirtieron que no se dan abasto, a pesar de que los últimos han ampliado su capacidad para recibir al mayor número posible de personas.
Pero, no existen los medios para recibir a los 12 000 migrantes que, según las autoridades, ya están en la ciudad, y a los que se sumarán miles más en los próximos días.
“La razón por la cual declaramos un estado de emergencia es para asegurarnos de que estaremos preparados para el 11 de mayo, el 12 de mayo, para tener alojamientos públicos, y que esto sea realmente temporal”, precisó el alcalde, ante una crisis en la que solicitará el apoyo de la Cruz Roja.
