Contra las ilegalidades, y en favor de nuestro pueblo
El Consejo de Ministros aprobó un plan con directivas dirigidas a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales
A desarrollar «un enfrentamiento contra ilegales, pillos, lumpen, vagos y corruptos, en favor de nuestro pueblo y en función de la tranquilidad y el desarrollo honesto de nuestra sociedad», convocó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la reunión del Consejo de Ministros que tuvo lugar este miércoles, en el Palacio de la Revolución.
Luego de que el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentara al máximo órgano de Gobierno en la Isla un abarcador documento con directivas generales dirigidas a la prevención y el enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, el Jefe de Estado definió que «ni el Partido ni el Gobierno pueden estar al margen de las problemáticas que están sucediendo en la sociedad; por lo tanto, no podemos ser contemplativos y no podemos tener inmovilidad en la actuación ante escenarios sumamente complejos».
En un análisis a «camisa quitada» de las ilegalidades, el robo y los precios abusivos que se imponen a la población sin basamento económico alguno, Díaz-Canel subrayó que «lo que no podemos permitir es que quienes no trabajan, no aportan y están en la ilegalidad, ganen más y tengan más posibilidades para vivir que los que realmente aportan; ahí estamos al revés, estamos rompiendo los conceptos del socialismo».
Los cuadros, los revolucionarios y los militantes, por supuesto, tenemos que ser ejemplos, y también tienen que ser ejemplos nuestras instituciones en su funcionamiento. «Muchas de estas cosas suceden porque no hemos actuado desde las facultades y las responsabilidades que tienen nuestras instituciones», señaló el Presidente.
Está demostrado que muchos delitos, ilegalidades y manifestaciones de corrupción existen porque hay causas que los favorecen, «ocurren a la vista de los núcleos del Partido, de las instituciones administrativas y de los consejos de dirección, que no siempre han tenido un control de la gestión y los recursos para evitar todas estas anomalías».
Tenemos que darle un vuelco a esta situación, enfatizó, no podemos dejar que el problema se nos siga acumulando a nivel social, y para eso hace falta un papel protagónico de los núcleos, de la militancia, de las instituciones del Gobierno, de las entidades administrativas, de las organizaciones de masas y de los órganos del Poder Popular. Nadie tiene como nosotros un sistema político que pueda enfrentar con coherencia estas manifestaciones, afirmó el Jefe de Estado.
«¿A quién favorece la tolerancia de la ilegalidad? ¿Favorece al pueblo? ¿Los que venden de manera ilegal con precios abusivos favorecen al pueblo, o lo que generan es más irritación en el pueblo? ¿Hay más abundancia porque permitamos esto?».
Con orden favorecemos al pueblo, con orden defendemos más a la Revolución, con orden buscamos estabilidad, dijo Díaz-Canel. «Nosotros no queremos que haya menos, al contrario, queremos ordenar para que todo se distribuya de una mejor manera y, sobre todo, legalmente, sin permitir espacio a la bribonería y al abuso».
El mandatario cubano habló de mal funcionamiento en los territorios, donde no se está actuando contra lo mal hecho. Por un Decreto Presidencial, incluso solo con las directivas que hoy se presentan no se resuelven las cosas, si no se actúa consecuentemente en los municipios, en nuestros barrios, que es donde están ocurriendo las ilegalidades.
Pocas personas pueden pagar el precio de lo que se vende de manera ilegal. Por lo tanto, qué nos está sucediendo, que está vendiendo un grupo de personas, muchas veces sin vínculo laboral; y quiénes lo pueden pagar, aquellos que tampoco trabajan y se dedican a lo mismo.
Se nos ha creado una casta dentro de la cual se produce un intercambio mercantil ilegal y corrupto, con una economía sumergida e ilegal ¿Y eso es socialismo, eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que provoca desarrollo? No, no lo es. El concepto de nosotros tiene que ser crecimiento económico con desarrollo social, apuntó.
El Presidente ejemplificó con el operativo realizado en los bajos del puente de 100 y Boyeros, en la capital del país.Muchas de las personas implicadas no trabajaban, la mayoría eran jóvenes. La Revolución, definió, no se hizo para eso, y ha dado todas las oportunidades para que los jóvenes estudien y para que tengan trabajo.
Díaz-Canel comentó varias cuestiones en las que también tiene que haber más rigor, como es el caso del cobro de impuestos. «El que más gana tiene que aportar más a los que menos tienen: eso es socialismo. Aquí no se cobran impuestos para que los más ricos sean más ricos y los más pobres tengan menos, aquí se cobran impuestos para que los que más tienen cedan una parte y los que menos tienen estén mejor». Ese principio esencial no lo estamos defendiendo bien, dijo.
Asimismo, se refirió a la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, a definir bien quiénes están en esa condición. Una persona que pueda trabajar y no lo está haciendo, no es vulnerable. La primera ayuda no puede ser asistencialista, hay que proporcionarle un empleo para que mejore sus condiciones de vida. Esas cosas, afirmó, las tenemos que cambiar ya.
«La construcción del socialismo no se hace de manera asistencialista, lo que hay que buscar es transformación social», añadió en su análisis.
Todos esos elementos tenemos que, poco a poco, con convencimiento, explicación, argumentación, con adecuadas políticas de Gobierno y políticas públicas, irlas arreglando, porque de lo contrario la sociedad se nos desordena y no avanzamos lo que necesitamos.
Lo que nos estamos proponiendo hoy, aseveró, tiene que convertirse en un sistema de trabajo. Vamos a trabajar con carácter sistémico. «El pueblo está exigiendo sistematicidad, integralidad y que lleguemos hasta el final. Y eso hay que cumplirlo», subrayó el Presidente.
¿DÉ QUÉ TRATAN LAS NUEVAS DIRECTIVAS?
En la reunión, que enlazó por videoconferencia, desde el Palacio de la Revolución, a las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan integral y minucioso, que contiene más de 40 directivas generales encaminadas a un mayor enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.
Según explicó Marrero Cruz, abarcan, entre otros aspectos, un sistema de control para los nuevos actores económicos; el diseño del estudio de las personas con conductas o comportamientos
marginales, y la caracterización de la población apta para trabajar que se encuentre desvinculada del estudio y el trabajo; así como la implementación, a partir del próximo curso escolar, de las opciones para la inserción diferenciada en los niveles de enseñanza de adolescentes y jóvenes en condiciones de mayor vulnerabilidad económica y social.
El documento –aprobado por el Consejo de Ministros– va dirigido también al fortalecimiento de las acciones de control para reducir el robo de todo tipo. Entre sus puntos, señaló el Primer Ministro, está la rendición de cuenta ante los colectivos laborales de los cuadros, dirigentes, funcionarios y empleados, sobre el uso de los recursos.
Habla de jerarquizar y sistematizar, desde el municipio, el enfrentamiento a las conductas ilegales en la comercialización de productos y servicios, y a los precios irracionales y abusivos. Se trata de enfrentar con todo rigor las violaciones de los precios, puntualizó Marrero Cruz.
Este plan incluye temas fundamentales como la atención a quejas, solicitudes y planteamientos de la población; el fortalecimiento de los cuerpos de inspectores; el incremento de la efectividad en la imposición de multas, y también en la gestión de cobro; el enfrentamiento resuelto a las ilegalidades en la contratación de la fuerza de trabajo y la licitud de los productos puestos a la venta; así como el control con más rigor del funcionamiento de zonas, áreas o espacios públicos de comercialización, para lograr que todo el que venda cumpla con lo establecido.
El Primer Ministro precisó que las medidas tendrán un sistema de control permanente y se verificarán, por ejemplo, en las visitas gubernamentales a las provincias, se rendirá cuenta a todos los niveles sobre su cumplimiento.
Cada territorio, municipio, provincia, organismo de la Administración Central del Estado y empresa, tiene que hacer su plan de enfrentamiento, con medidas concretas en función de su actividad, indicó.
AGENDA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Como se hace habitualmente en estas sesiones de trabajo, el vice primer ministro Alejandro Gil Fernández informó sobre algunos indicadores del comportamiento de la economía cubana al cierre del mes de septiembre, periodo en que las exportaciones de bienes tuvieron un 108 % de crecimiento. Se destacaron exportaciones de importantes rubros como la miel de abeja, el tabaco mecanizado, el ron, la langosta y el níquel.
Sobre el turismo actualizó que habían arribado al país 1 074 795 visitantes, y se estima termine el año con 1 710 000 turistas, «cifra inferior a los 2,5 millones que proyectamos en el Plan de la Economía».
En otro momento de la reunión, el Consejo de Ministros ejerció la iniciativa legislativa al aprobar –para ser presentado al Consejo de Estado– el Proyecto de Decreto-Ley sobre Mediación de los Conflictos, el cual, al decir del ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, «ubica a la sociedad cubana en un escalón superior de civilidad en el tratamiento de sus conflictos, por el componente educativo y de cultura de paz».
La Constitución de la República de Cuba, dijo, consagra, en su Artículo 93, el derecho que reconoce el Estado a las personas a resolver sus polémicas, utilizando métodos alternos de solución de conflictos.
Se excluye del ámbito de aplicación de esta norma jurídica, aclaró, a los procedimientos de Mediación Comercial Internacional, el cual es regulado por la Cámara de Comercio de la República de Cuba.
El Decreto-Ley –sometido a un proceso de consulta especializada– define la mediación como un método voluntario, confidencial y flexible de gestión y solución de conflictos. Identifica entre sus principios la voluntariedad, la equidad, la legalidad, la buena fe, la intervención mínima, la honestidad y la imparcialidad.
Otro tema de análisis fue la Seguridad Vial en el país, sobre lo cual se conoció que en el primer semestre se incrementaron los accidentes de tránsito, así como los fallecidos y lesionados a consecuencia de estos.
El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que la mayor incidencia se da por la colisión de vehículos, con más de 2 500 accidentes, y el atropello a peatones, con alrededor de 500 hechos. Los municipios de más siniestros son Plaza de la Revolución y Playa (en La Habana), Holguín y Santiago de Cuba.
Rodríguez Dávila precisó que las principales causas radican en la no atención al control del vehículo; no respetar el derecho de vía; exceso de velocidad; desperfectos técnicos; e ingestión de bebidas alcohólicas.
Como parte del enfrentamiento, acotó, se impusieron en el periodo más de 400 000 multas de la Ley 109 Código de Seguridad Vial, de estas el 90,54 % fueron efectivas, y el 9,5 % preventivas.
El titular del sector habló de las proyecciones de trabajo que apuntan a disminuir la accidentalidad en Cuba, entre ellas mejorar la señalización de las vías de interés nacional y turístico; implementar medidas que permitan llevar a cero la presencia de animales sueltos o pastando en las vías; realizar inspecciones viales en tramos y puntos de concentración de accidentes, para solucionar factores, causas y condiciones que inciden en la accidentalidad; e incrementar las acciones de bacheo y mejora de paseos de las vías, que permitan transformar, paulatinamente, el estado técnico de nuestras carreteras.
Porque el camino de la ciencia es el camino de Cuba, el Consejo de Ministros aprobó también las bases y la ruta para la creación del Sistema Nacional de Investigadores y Tecnólogos de la República de Cuba. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medioambiente, Elba Rosa Pérez Montoya, destacó que «puede constituir otro mecanismo para impulsar el desarrollo de nuestro capital humano e incrementar sus competencias».
Su objetivo, aseveró, es organizar y estimular con incentivos el potencial científico-tecnológico y desarrollar competencias certificadas que incrementen su aporte al desarrollo económico y social del país.
Habló de impactos esperados, como «organizar el potencial humano de mayor desempeño; impulsar la conexión de la ciencia con la economía; incrementar el número de investigadores, tecnólogos, doctores; priorizar la estimulación a profesionales con resultados de impacto, a partir de incentivos morales, profesionales y materiales; dirigir mejor los fondos y abrir posibilidades de ejecución más efectivas de los proyectos».
La titular detalló los requisitos para formar parte de ese Sistema Nacional, que son estrictos y apuntan al más alto rigor científico, sus principios organizativos y quiénes pueden ser sus aspirantes: ciudadanos cubanos y extranjeros residentes permanentes en el país, entre ellos investigadores, tecnólogos, biotecnólogos, especialistas en procesos de alta tecnología, profesores, médicos y otros especialistas de todas las ramas de la economía, de los servicios, de la cultura, del deporte o de otros sectores de la sociedad.
Con más de una decena de puntos, la agenda también incluyó la rendición de cuenta del Ministerio de Comunicaciones, a cargo de la ministra Mayra Arevich Marín, quien pormenorizó el trabajo realizado para la informatización y digitalización de la sociedad cubana. Este informe, junto al dictamen del Consejo de Ministros, fue aprobado para su presentación en la próxima sesión de la Asamblea Nacional.
Asimismo, se aprobó una actualización de los proyectos contenidos en la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, la cual será expuesta en la venidera Feria Internacional de La Habana.
Según explicó la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, dicha Cartera cuenta con 699 proyectos –21 más que la anterior–, por un monto de inversión de 33 mil 518 millones 503 mil 160 de dólares.
Por sectores están ponderados la producción de alimentos, el turismo, el petróleo, la minería, el transporte, la construcción, la agroindustria azucarera, las fuentes renovables de energía, la industria farmacéutica y biotecnológica, los servicios profesionales y el bancario-financiero.
También quedó aprobada la propuesta presentada por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, sobre la asignación a los organismos y entidades, de graduados de la Educación Superior y de técnicos de nivel medio que concluyen sus estudios en diciembre del año 2023. Se prevé que se gradúen unos 62 682 estudiantes, que tendrán un empleo seguro.
Los miembros del Consejo de Ministros dieron luz verde, además, al nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial de Camagüey; así como a la actualización del Plan Hidráulico Nacional, que comprende el periodo 2022-2030, y en el que se estima que, a partir de importantes inversiones, se genere un impacto favorable en el incremento de la disponibilidad de agua para la población, la agricultura y el resto de la economía.