«Prevenir la violencia de género que nos toca», una batalla que empieza
Por suerte, cada vez hay menos dudas sobre la persistencia de la violencia de género en la sociedad cubana, sobre la necesidad de prevenirla. Son tiempos de activismo, de investigación académica, de abordajes más frecuentes en los medios y también de una voluntad política, que brinda oportunidades a las mujeres para el logro de la equidad plena.
Tenemos avances indiscutibles, una visibilización mayor de las múltiples caras del conflicto y estrategias para enfrentarlo. No es poca cosa que la violencia de género esté reconocida como problema de responsabilidad estatal en el Artículo 43 de la Constitución y en los Lineamientos del Partido; o que se haya publicado el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) como Decreto Presidencial.
Pero aún no es suficiente, la batalla contra este fenómeno apenas comienza. Los retos van desde el desmontaje de prejuicios grabados en las venas de esta sociedad machista hasta la modificación de la división sexual del trabajo, que implica una subordinación económica de las mujeres, y la articulación coherente de las diversas instituciones implicadas en su enfrentamiento.
Así lo confirmó la socióloga Clotilde Proveyer, coordinadora del equipo asesor del grupo nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), durante la jornada «Violencia de género: respuesta nacional y desafíos para la comunicación», convocada por el Instituto Internacional de Periodismo José Martí (IIPJM) en alianza con Oxfam, el pasado 30 de noviembre.
«Lamentablemente, la voluntad política por sí sola no puede desmontar un patriarcado de siglos, pero esa intención hay que aprovecharla para ser más proactivos en las acciones a favor de la equidad».
Entre los desafíos identificados, comentó, se encuentra una comunicación aún mayor de las acciones de atención y prevención sistemáticas de la violencia, tanto desde la academia como desde las instituciones con ese encargo social.
Además, es imprescindible perfeccionar las leyes al respecto, crear servicios especializados que brinden una atención integral a las víctimas y ampliar las investigaciones en entornos donde existe poca información. Destacó particularmente la necesidad de contar con una actualización sistemática de estudios de prevalencia y encuestas como la de Igualdad de Género, realizada en 2016.
Según la también profesora de la Universidad de La Habana, urge «que los profesionales de la atención social, sanitaria, de emergencia, policial o jurídica posean los conocimientos, herramientas teórico-metodológicas y perspectiva de género».
Muchos de estos desafíos, dijo, están definidos en la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia de género y la violencia en el escenario familiar, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado julio.
La funcionaria de la FMC Mayra Díaz García comentó que este documento es consecuencia de una labor desarrollada durante años, también por esa organización. Destacan como acciones previas la revisión de protocolos y planes de acción de ministerios, organismos y organizaciones y la creación de un Grupo Experto Asesor en temas de Violencia.
Además, se diseñó un servicio especializado de atención a víctimas de violencia de género a partir de la extensión de la Línea 103, que contó con una estrategia de capacitación a operadores en línea, una Guía Básica, una mapa de servicios telefónicos y una aplicación para víctimas.
«Creo que el mayor logro de todo este período de trabajo coordinado por la FMC ha sido la aprobación de una estrategia integral, que los investigadores y activistas llevamos mucho tiempo pidiendo. Porque la violencia de género no puede ser entendida mediante compartimentos aislados, requiere de una coordinación institucional», confirmó Proveyer.
Estrategia integral, más allá de las leyes
Imagen: IIPJM.
Para Arlín Pérez Duharte, profesora de la Universidad de La Habana y especialista en temas penales, el punto de partida fundamental del nuevo instrumento es su carácter integral e integrador; su capacidad para transversalizar el enfoque de género a todas las áreas y organismos que inciden directa o indirectamente en la supervivencia de este fenómeno.
«Las acciones propuestas como parte de ella permitirán la detección, identificación, prevención, atención y reparación de daños a víctimas y/o sobrevivientes, así como el tratamiento a los agresores, de manera coordinada y oportuna».
Durante el panel desarrollado en el IIPJM, explicó que su ejecución se prevé en dos fases, con una evaluación de mediano término en 2026 que permitirá una actualización de las acciones previstas, según las necesidades identificadas durante su implementación.
El documento, próximo a publicarse en la Gaceta Oficial de la República, se organiza en diez componentes centrales, alineados con las áreas de interés especial del PAM: prevención, formación- capacitación, atención, protección, legislativo, investigación, información, comunicación social, local-comunitario y, seguimiento y evaluación.
Las acciones definidas en cada uno de ellos abarcan desde lo nacional hasta lo local-comunitario y parten de un enfoque multisectorial, interseccional e interinstitucional, que vincula a los organismos de la administración central del estado, a las organizaciones sociales y de masas, a la sociedad civil y a los gobiernos municipales y provinciales, a partir de la definición de asuntos concretos a los que deben dar respuestas.
Sobre el eje legislativo, uno de los más debatidos en la agenda pública, Pérez Duharte señaló que la estrategia contempla la necesidad de perfeccionar el marco jurídico nacional. «Es muy importante transversalizar la perspectiva de género en las normas jurídicas, procesos civiles, familiares y laborales, y en los procedimientos de investigación, juicio y sanción de situaciones de violencia de género y violencia en el escenario familiar».
Este objetivo, destacó, ya empieza a cumplirse. De las cuatro leyes aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en octubre, tres están dedicadas a los procesos. «Se aprobó el Código de Procesos, donde están establecidos los procesos familiares, civiles, laborales y mercantiles; en cada uno de ellos hay una mirada hacia las cuestiones vinculadas a la violencia de género».
Además, la Ley de Proceso Penal plantea de manera taxativa medidas cautelares como las órdenes de alejamiento, y que «cuando el policía llega al lugar del hecho y allí se haya cometido un delito con características de violencia de género o familiar, tiene que adoptar medidas inmediatas para atender a las víctimas y a los niños involucrados; no queda a la inferencia de los involucrados».
No obstante, «las leyes no son la llave mágica para resolver este conflicto. Las soluciones son las que vienen pasando: una articulación normativa, coherente, sistémica que de tratamiento y atención a esa compleja realidad que es la violencia de género y en espacios familiares», insistió la también jueza.
En ese camino, no es casual que la comunicación y la educación estén entre los primeros aspectos destacados en la estrategia; son acciones impostergables para articular el enfrentamiento a la violencia.
Resulta imprescindible diseñar una estrategia de comunicación integral transversal a la estrategia nacional, que amplíe los escenarios de comunicación social con mensajes dirigidos al logro de la equidad de género y cultura de derechos.
Urge, además, incluir en los programas de pregrado y posgrado de las universidades los sistemas de contenidos que posibiliten la formación y educación continua de los docentes, estudiantes y personas egresadas en materia de prevención y atención a la violencia; así como generar espacios de sensibilización y capacitación sistemáticos destinados a decisores de los gobiernos provinciales y locales y personal de los sectores encargados de brindar una respuesta integral.
«Ganar esta batalla pasa porque todos, desde nuestros espacios, nos involucremos con el tratamiento y prevención de la violencia que nos toca, la que tenemos posibilidad de cambiar. De lo contrario tendremos excelentes leyes, tendremos la nueva estrategia que es una excelente norma, tendremos la Constitución de la República, el PAM y otros recursos, pero la violencia sobrevivirá», concluyó Pérez Duharte.
