Si a Estados Unidos le preocupara la libertad en Cuba, pondría fin a sus sanciones punitivas
Las violentas protestas que estallaron en Cuba a principios de julio fueron los primeros disturbios sociales graves desde el «Maleconazo» de 1994, hace ya 27 años. Ambos períodos se caracterizan por profundas crisis económicas. Vivía en La Habana a mediados de los años 90 y fui testigo de las condiciones que desencadenaron el levantamiento: supermercados, tiendas y estanterías en las farmacias vacíos, interrupciones regulares de la electricidad, parálisis de la producción y el transporte. Esas fueron las consecuencias del colapso del bloque socialista, que representaba alrededor del 90% del comercio de la Isla.
Apostando por el colapso del socialismo cubano, Estados Unidos aprobó la Ley Torricelli de 1992 y la Ley Helms-Burton de 1996 para obstaculizar las relaciones comerciales y financieras de la isla con el resto del mundo. Mientras tanto, se desarrollaron programas más sofisticados y multifacéticos de «cambio de régimen», desde el programa People to People (De Pueblo a Pueblo) de Clinton hasta la Comisión por una Cuba Libre de Bush. Desde mediados de la década de 1990 hasta el 2015, el Congreso de Estados Unidos asignó unos $284 millones para promover la democracia (capitalista).
Mi libro está enfocado en la historia de cómo, contra todo pronóstico, la revolución cubana sobrevivió las últimas tres décadas. En algunos campos, como la biotecnología y el internacionalismo médico, prosperó. Sin embargo, desde el 2019, condiciones que recuerdan al «período especial» han regresado a Cuba como resultado directo de las sanciones de Estados Unidos. La administración Trump implementó 243 nuevas medidas coercitivas contra Cuba, bloqueando su acceso al comercio, las finanzas y las inversiones internacionales en un momento en que se le había otorgado al capital extranjero un papel fundamental en la estrategia de desarrollo de la isla. El resultado previsto e inevitable ha sido la escasez de alimentos, combustible, productos básicos y suministros médicos.
Es por eso que, aunque Cuba tiene vacunas contra la COVID-19, no pueden comprar jeringas suficientes para administrarlas, ni ventiladores médicos para sus Unidades de Cuidado Intensivo.
Las estrictas restricciones sanitarias impuestas por las autoridades cubanas en respuesta a la pandemia han restringido la capacidad de muchos cubanos de resolver problemas («resolver» usando canales alternativos) y socializar. Los casos de COVID siguen aumentando, generando ansiedad entre los cubanos a pesar de que las tasas de infección y de decesos siguen siendo muy bajas en relación son su región geográfica. En todos los hogares cubanos la gente toma turnos levantándose al amanecer para unirse a las colas para obtener bienes básicos. Nadie debería sorprenderse de que haya frustración y descontento.
Los críticos de Cuba culpan al Gobierno por las dificultades diarias que enfrentan los cubanos y descartan las sanciones de Estados Unidos como una excusa más. Esto es como culpar a una persona por no nadar bien cuando está encadenada al suelo. El bloqueo estadounidense de Cuba es muy real. Es el sistema de sanciones unilaterales más antiguo y extenso que ha sido aplicado contra cualquier país en la historia moderna. Afecta todos los aspectos de la vida cubana.
En la Asamblea General de la ONU del 23 de junio, un total de 184 países apoyaron la moción anual de Cuba exigiendo poner fin al bloqueo estadounidense. Cuba ha ganado el voto 29 años seguidos. El representante de Estados Unidos, Rodney Hunter, afirmó que las sanciones eran «una forma legítima de ejercer la política exterior y lograr la seguridad nacional y otros objetivos nacionales e internacionales». También las describió como «un conjunto de instrumentos que forman parte de nuestro esfuerzo más amplio en relación a Cuba».
Las redes sociales han sido otra herramienta clave en los últimos años. En 2018, Trump estableció un grupo de trabajo de Internet para promover «el flujo de información libre y no regulada» dirigida a Cuba, y amplió además las instalaciones que permiten que los cubanos accedan al Internet usando sus teléfonos. Durante este verano se intensificó la campaña en las redes sociales donde los «influencers» y los «YouTubers» en Miami alientan a los cubanos en la isla a tomar las calles. Por más espontáneo y auténtico que parezca, detrás de esto se encuentra el financiamiento y la coordinación de Estados Unidos.
El 11 de julio yo estaba en La Habana viendo la final de la Eurocopa en una casa cuando la transmisión fue interrumpida por un anuncio del presidente, Miguel Díaz-Canel. Había estado en San Antonio de los Baños, en las afueras de la capital, donde una protesta se había convertido en un motín, con tiendas saqueadas, coches de policía volcados y piedras arrojadas. Se habían producido protestas simultáneas en decenas de lugares en la isla. En Matanzas, donde los casos de COVID-19 se han disparado, hubo mucha destrucción. Díaz-Canel finalizó la transmisión llamando a los revolucionarios a tomar las calles. Miles de cubanos respondieron a su llamada.
Mientras tanto, el alcalde de Miami le pidió a Biden que considerara efectuar ataques aéreos contra Cuba, mientras que hubo un intento a medias de organizar una flotilla naval desde la Florida. Los medios internacionales pintaron los disturbios como una oposición masiva a un gobierno incompetente, como si hubieran sido protestas pacíficas reprimidas violentamente por un régimen en crisis. Esta narrativa se ha aprovechado de exageraciones y manipulaciones. Se han compartido imágenes en la prensa y las redes sociales que pretenden mostrar protestas contra el gobierno que, de hecho, han sido todo lo contrario. Fotos de protestas en Egipto y de celebraciones deportivas en Argentina han sido atribuidas a las protestas del 11 de julio en Cuba.
Desde Estados Unidos, donde las protestas violentas y los asesinatos policiales ocurren con trágica regularidad, y donde una insurrección de derecha intentó revertir el resultado de las elecciones de 2020, el nuevo presidente Joe Biden describió a Cuba como un «estado fallido». Para el 30 de julio ya había impuesto sanciones adicionales, a pesar de sus promesas durante la campaña de revocarlas.
Debido a mi trabajo he viajado por toda La Habana» desde las protestas del 11 de julio.» Las únicas protestas notables que he visto en la capital han sido las de apoyo al gobierno, entre ellas una manifestación de 200 mil personas en La Habana el 17 de julio. Los cubanos con los que hablo rechazan la violencia y la injerencia de Estados Unidos. Confían en que los cubanos saben nadar, pero necesitan que les corten las cadenas del bloqueo estadounidense.
(Tomado de» The Guardian)
