¿Cómo se financia el déficit presupuestario de Cuba?
Cuando en nuestra economía doméstica los gastos superan a los ingresos no nos queda más remedio que pedir prestado, de lo contrario no podemos pagar lo que necesitamos o debemos. En otras palabras, tendríamos que disminuir o aplazar las compras. Al presupuesto del Estado le sucede exactamente lo mismo y sus ausencias de dinero se llaman déficit fiscal.
En el caso de Cuba, ¿cómo se financian esos montos? ¿Qué alternativas hay cuando los ingresos quedan por debajo de los gastos? ¿De quién recibe préstamos el presupuesto del país?
Para 2021 la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un déficit de 86 744 500 000 pesos, que si lo miramos en su relación con el PIB representa el 18%, un porcentaje grande teniendo en cuenta que lo recomendable es no sobrepasar el 3%. Sin embargo, se dijo oficialmente, era una cantidad necesaria para, entre otras cosas, cubrir la esperada reforma salarial.
Además de ese déficit, resultante de restar los gastos (374 846 100 000) menos los ingresos netos (288 101 600 000) planificados, el presupuesto del Estado debe «conseguir» otros dineros incluidos en la deuda pública.
De acuerdo con Berta Iris Rojas Gattorno, directora de política financiera del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), la deuda pública es la suma del déficit fiscal del año, más las garantías que se activen en esos 12 meses (porque el presupuesto del Estado es garante de determinadas operaciones económicas como inversiones en sectores priorizados) y las amortizaciones de deudas anteriores provenientes de los bonos que se colocaron hasta 2020.
Y antes de explicar qué son los bonos, vale aclarar que este año la deuda incluyó «el diferencial de la tasa de cambio de las deudas vencidas con el exterior, como resultado del ordenamiento monetario y financiero», que hay que pagar en el presente calendario, se lee en la Ley 137 del Presupuesto del Estado en su artículo 48.
Pero, ¿cómo se financia el déficit presupuestario? Esto ocurre, comenta Rojas Gattorno, mediante bonos soberanos de la República de Cuba que emite el MFP y que hasta el momento han sido adquiridos por el sistema bancario nacional.
El Banco de Inversiones es «el agente estructurador», o sea, el encargado de colocar, emitir y registrar la emisión. «El MFP le solicita una emisión de bonos y este lo coloca en el sistema bancario, y cada banco comercial (Banco de Crédito y Comercio, Popular de Ahorro y Metropolitano) adquiere el monto que puede asumir», explica la especialista.
La directora de política financiera detalla que en caso de que los bancos no tengan suficiente liquidez para cubrir totalmente el bono, interviene el Banco Central de Cuba con la emisión de nuevos billetes.
«Hasta 2013 el déficit se financiaba solo de esta manera (con la emisión de monedas por el BCC), pero debido a la inflación que provoca el exceso de dinero en circulación se instrumentó los bonos soberanos y siempre se busca que la participación del BCC sea en última instancia, porque es un dinero que se pone en circulación sin respaldo productivo».
Los bonos, prosigue la especialista, son obtenidos por los bancos, que dan el financiamiento en el momento en que se colocan, aunque después «tienen la posibilidad de traspasarlos, como ocurrió el pasado año con dos empresas aseguradoras».
Rojas Gattorno anunció que actualmente se trabaja en el mercado de deuda pública para que entren más empresas con liquidez y adquieran, en el mercado secundario, algunos de los bonos ya vendidos. «Pero siempre el banco sería el vínculo», reitera.
¿Cuándo se emiten los bonos? La especialista dice que la Ley del Presupuesto aprueba anualmente la deuda pública y durante el transcurso del año se evalúa en qué momento se emitirán los bonos, teniendo en cuenta la recaudación de los ingresos al presupuesto. Incluso, las emisiones pueden ser varias en el año, todo depende de la recaudación».
La deuda pública este año, ejemplifica, es de 132 542 200 000 pesos, por tanto «los bonos a emitir serán hasta esa cantidad, según el comportamiento de los ingresos al presupuesto».
El Estado deberá pagar ese dinero prestado en un plazo de entre uno y 20 años, con una tasa de interés promedio de 2.5%. Y si bien, en términos financieros, es una tasa baja, implica «un costo alto», porque «el bono es deuda futura, o sea, significa endeudar las futuras generaciones. Por eso se trata de emitir la menor cantidad y de ser más enérgicos en buscar los ingresos planificados para el año», acentúa Rojas Gattorno.
Los bonos se devuelven año tras año, con los ingresos previstos. «Por eso es muy importante que todos los actores económicos eleven su eficiencia y con ello sus contribuciones monetarias, fundamentalmente las empresas estatales, las principales aportadoras al presupuesto».
El paquete de las 15 nuevas medidas en el sistema empresarial apunta directamente al objetivo de aumentar las ganancias, sobre todo la decisión relacionada con el objeto social «que beneficia a la empresa y al presupuesto», acota la directora de política financiera del MFP.
Según lo normado, el objeto social seguirá siendo la misión de la empresa y sus principales actividades mercantiles para las cuales fue creada. No obstante, se puede aprobar además cualquier actividad lícita de producción, comercialización y servicio que cumpla la legislación vigente, o lo que es lo mismo, aprovechar todas las oportunidades.
Rojas Gattorno reconoce que «son años difíciles (2020 y 2021) para la recaudación de los ingresos», debido a las afectaciones en la actividad productiva impactada por el recrudecimiento del bloqueo y la pandemia. El turismo está casi paralizado y las ventas minoristas han decrecido, uno de los ingresos principales del presupuesto, puntualiza la especialista.
Otra receta para disminuir el déficit «empleada por algunos países» son los recortes en el gasto público y el aumento de los impuestos. En Cuba, la distribución de los gastos demuestra el carácter social del presupuesto, que respalda el sostenimiento de prestaciones básicas como Educación y Salud.
Por eso cuando se habla de ajustar medidas de la Tarea Ordenamiento el Gobierno plantea la necesidad de hacerlo con «lupa». Porque todo cambio que implique nuevos gastos estará abultando la deuda pública y, por otro lado, ya se ha dicho que no habrá «terapias de choque».
