Consejo de Ministros analiza retos económicos y sociales
Seguir haciendo cosas que, en medio de las dificultades económicas que atraviesa el país, permitan ir mejorando la calidad de vida en Cuba, no es una quimera. La prueba de ello está en esos lugares donde sí se aprovechan las potencialidades y se buscan constantes soluciones para superar los obstáculos.
Sobre esas ideas, imprescindibles en el actual contexto que vive la nación, reflexionó el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, durante la más reciente reunión del Consejo de Ministros, que estuvo presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.
Siempre aparecen alternativas, consideró Marrero Cruz: “Es verdad que no se podrán lograr los mejores niveles productivos, ni de rendimiento, pero sí es posible ir avanzando si explotamos al máximo la inteligencia colectiva”.
Justamente desde esa inteligencia colectiva se da seguimiento constante, cada mes, en la reunión del máximo órgano de Gobierno cubano al estado de la implementación de las medidas aprobadas en las Proyecciones de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía durante el año 2024.
Al respecto, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, refirió que, en cumplimiento del cronograma aprobado, desde el 23 de marzo hasta el 19 de abril se ha trabajado fundamentalmente en las proyecciones con impacto en la reducción del déficit fiscal; el mecanismo para la asignación y gestión de las divisas; las relaciones entre los diferentes actores de la economía; la producción de alimentos; la política de precios y el fortalecimiento de la empresa estatal socialista.
En tal sentido, como parte de la decisión de continuar eliminando subsidios a productos, y en su lugar hacerlo a personas, en el periodo fueron implementados los nuevos precios de los cigarros y tabacos.
Asimismo, entre otras acciones llevadas a cabo, se circularon a todos los organismos de la Administración Central del Estado las propuestas de normas jurídicas actualizadas para los actores económicos no estatales; se concluyó el proceso de conciliación sobre los criterios del Anteproyecto de Ley de Empresa, y se mantuvo un seguimiento constante a la implementación de las proyecciones enfocadas a los programas sociales.
Al respecto, el Primer Ministro informó que, a partir de los resultados de los recorridos por los territorios; las dudas manifestadas desde varios sectores de la sociedad; el tiempo transcurrido, y otros elementos, se decidió hacer una revisión integral de las Proyecciones y el Plan de acciones aprobado.
Como resultado de esa revisión –detalló– se confirmaron los ocho objetivos generales inicialmente previstos, al tiempo que se modificaron y ampliaron las proyecciones, siendo ahora 92. La actualización del cronograma, añadió, está respaldada por “la necesidad de acelerar un grupo de acciones y proyecciones que tendrían un efecto más positivo, y que nos permitirían atenuar un poco la compleja situación que atraviesa el país”.
Estas acciones están asociadas fundamentalmente, aclaró, al programa de estabilización macroeconómica, a los temas bancarios y de precios, así como al mercado cambiario y la generación de ingresos en divisa, entre otros que “necesitamos acelerar, porque son los que tienen un impacto más favorable de cara a la población”.
El reto de avanzar en el cumplimiento del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado
Coincidiendo también con el cierre del primer trimestre del presente año, Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, presentó el informe del comportamiento de los principales indicadores de la Economía, al concluir el mes de marzo.
En tal sentido, refirió que, de manera general, se manifiesta un panorama desfavorable, lo cual se sustenta en que, entre otros elementos, decrecen los ingresos por concepto de exportaciones, también disminuyen las importaciones, y se incumplen diferentes actividades económicas claves, como las principales producciones agropecuarias, de azúcar y otros derivados, así como la generación de electricidad.
Alonso Vázquez confirmó, además, que más de 300 empresas registran pérdidas en sectores estratégicos, mientras persiste la depreciación del peso cubano por el tipo de cambio informal y, por consiguiente, el incremento de los precios.
Ante esa realidad, llamó la atención sobre la necesidad de que se adopten acciones en todos los organismos y entidades, sistemas empresariales, así como estructuras territoriales, para revertir estos indicadores cuanto antes.
Como elemento positivo en el periodo, significó el comportamiento de las exportaciones de los principales servicios: médicos, turísticos y de telecomunicaciones. Particularmente asociado a la actividad turística, señaló que hasta el mes de marzo habían arribado al país 808 678 visitantes: la cifra, aunque se encuentra por debajo de lo previsto para esa fecha del año, representanta un crecimiento del 6.5 % con relación a marzo de 2023.
No obstante, ese difícil escenario económico que vive Cuba, el ministro de Economía y Planificación refirió que en el país se protege a más de 330 000 personas en situación de vulnerabilidad, y se mantiene la atención a más de 62 800 madres con tres o más hijos, priorizando a aquellas que viven en las comunidades en transformación.
Precisamente, son las políticas sociales una de las prioridades de trabajo del Gobierno cubano, lo cual está estrechamente vinculado a otro tema incluido en la agenda: la aprobación del informe sobre la ejecución del Presupuesto del Estado y el comportamiento del déficit fiscal al cierre del mes de febrero.
Al presentar el tema, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, explicó que, tras el análisis realizado en lo que ha transcurrido del año, se ratifica, entre otros elementos, la efectividad de la implementación de las Proyecciones de Gobierno, a pesar de las adecuaciones que deben hacerse.
Entre las medidas tributarias y fiscales puestas en marcha como parte de estas Proyecciones, destacó la eliminación de las exenciones de impuestos a los actores económicos no estatales; la extensión de la aplicación del impuesto sobre las ventas a la totalidad de las operaciones que realizan las mipymes, y el incremento de la efectividad de las acciones de fiscalización contenidas en el Plan Integral de Control Fiscal que lleva adelante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).
Según precisó, al concluir el mes de febrero, el déficit presupuestario se situó en 22 822 millones de pesos, y aunque esa cifra es inferior a la planificada, alrededor de un 20 % de ese decrecimiento se debió a la inejecución de un grupo de partidas del Presupuesto que tienen un gran impacto, sobre todo en las políticas sociales.
Al referirse a ese tema, el primer ministro subrayó que, si bien es importante lograr una reducción del déficit, el camino no puede ser la no ejecución de esas partidas. Unido a ello, reiteró la importancia de mantener un seguimiento riguroso de los pagos que se realizan por las unidades presupuestadas a las formas de gestión no estatal, que en ocasiones se ha demostrado que han resultado ser excesivos.
Sobre todas esas acciones, valoró, es imprescindible elevar la exigencia, con un énfasis territorial en el que no siempre lo recaudado por concepto de la Contribución Territorial se destina al desarrollo local, lo cual constituye su principal propósito.
Destacó, además, la relación que todo ello tiene con el programa de transformación de los barrios en situación de vulnerabilidad, pues en muchos de ellos, actualmente, la población manifiesta inquietudes e insatisfacciones con varias cosas que se están dejando de hacer, como parte del trabajo que se lleva a cabo, de ahí la urgencia con que se debe revisar el destino que se está dando al Presupuesto asignado para ello.
Son todas cuestiones –precisó– que deben evaluarse constantemente, para poder perfeccionarlas, lo cual debe estar acompañado de un estricto cumplimiento del Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado.
Contratación de producciones agropecuarias
La agenda del Consejo de Ministros correspondiente al mes de abril incluyó también la evaluación, y luego aprobación, del informe de los resultados del proceso de contratación y comercialización de productos agropecuarios, al cierre del mes de marzo.
Al presentar el tema, con una mirada crítica y autocrítica, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, subrayó que en la etapa analizada hubo contratos con 188 197 productores, apenas el 50 % del total de tenentes de tierra que existen en el país.
Entre las principales causas que motivan este bajo comportamiento, mencionó la falta de seguimiento y control que se hace desde el municipio, como escenario fundamental de la contratación, y desde empresas y estructuras superiores de dirección; así como el impago a productores, que sigue siendo un problema no resuelto.
En la base productiva, estructura económica más importante y centro del proceso de contratación, señaló, han faltado dominio del potencial de tenentes para contratar, y comunicación con los productores.
Para superar esas y otras deficiencias, acotó, se ha diseñado un conjunto de acciones que deben permitir incrementar las cifras y, con ello, proporcionar más alimentos a la población.
La tierra es del Estado, y por tanto es de nuestro pueblo; solo está entregada en usufructo a los productores, quienes tienen la misión de producir para nuestro pueblo, consideró Pérez Brito. Además, valoró que es responsabilidad del Ministerio de la Agricultura, en primer lugar, fortalecer el control y el chequeo sistemáticos para que se eliminen las insuficiencias que tienen lugar, como parte del proceso de contratación.
Este es un fenómeno muy complejo, apreció el primer ministro, que requiere total prioridad pues, aun cuando el 80 % de las tierras gestionadas está en diferentes formas productivas no estatales, es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de proporcionar los alimentos del pueblo, para lo cual es esencial llevar a cabo una contratación de manera efectiva.
Todo ello, dijo, influye también en los precios de los productos, pues la mayor parte de lo que no se contrata se comercializa de cualquier manera y en cualquier lugar, casi siempre a precios especulativos.
Fortalecer la institucionalidad y el control
Más adelante, los integrantes del Consejo de Ministros aprobaron ejercer la iniciativa legislativa de varios anteproyectos de leyes que serán puestos a la consideración de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular en próximas sesiones del Parlamento. Estas normas jurídicas se refieren a: la Ley de Migración; la Ley de Extranjería; la Ley de Procedimiento Administrativo, y la Ley del Sistema de Títulos Honoríficos y Condecoraciones de la República de Cuba.
El análisis que sirvió como colofón a la reunión del Consejo de Ministros estuvo dedicado a un tema que, con mucho rigor, expuso la contralora general de la República, Gladys Bejerano Portela: la evaluación acerca del comportamiento y las tendencias de las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa durante el año 2023.
De acuerdo con sus palabras, en ese periodo se realizaron más de 4 000 acciones de control, el 24 % de las cuales recibió una calificación de deficiente o mal. La mayor incidencia de presuntos hechos delictivos y de corrupción detectados se concentró en instituciones del Ministerio de la Agricultura y del Gobierno Provincial del Poder Popular de La Habana.
El análisis realizado, afirmó la Contralora General, muestra cómo, a pesar del fortalecimiento de la institucionalidad y de la actualización de normas y legislaciones, no se ha logrado detener en su totalidad la ocurrencia de esos hechos ni alcanzar una efectiva labor de prevención.
Como asunto no resuelto que es, subrayó el primer ministro, tenemos que extremar las medidas de control interno en todas nuestras instituciones para evitar el desvío de recursos y contribuir al enfrentamiento de estas tendencias negativas que tanto daño hacen a nuestra economía y a la sociedad.
En las consideraciones finales de esta sesión ordinaria del máximo órgano de Gobierno cubano, Marrero Cruz insistió a las autoridades de todos los territorios en las acciones que se deben implementar para dar seguimiento e impulsar las políticas sociales, a pesar de la compleja situación que vive nuestro país.
De manera particular, significó la necesidad de atender con sensibilidad y prioridad importantes instituciones como los hogares de ancianos, maternos y de niños sin amparo familiar, así como las casas de abuelos y los centros sicopedagógicos.
En esos lugares –recordó– casi siempre se encuentran personas en situaciones de extrema vulnerabilidad que necesitan ser acompañadas.