CIJ comienza revisión histórica sobre legalidad de ocupación israelí
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició hoy una revisión sobre la legalidad de la ocupación israelí en los territorios palestinos en un proceso solicitado por la Asamblea General de Naciones Unidas al tribunal.
Las audiencias, con seis días de duración, analizarán además las consecuencias de la ocupación en un proceso independiente del caso de presentado por Sudáfrica que señala a Tel Aviv por cometer actos genocidas durante su actual ofensiva en Gaza.
No obstante, se espera que esta semana el máximo tribunal de las Naciones Unidas analice pruebas presentadas por medio centenar de países y varios organismos en medio del aumento de la presión para frenar las operaciones militares en el enclave en respuesta a los ataques de Hamas del 7 de octubre.
La petición de la Asamblea General incluye el examen de las consecuencias jurídicas de «la continua violación por parte de Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación» así como la «ocupación prolongada, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967».
Al mismo tiempo, la CIJ estudiará las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la Ciudad Santa de Jerusalén así como las consecuencias de la adopción por parte de Israel de legislación y medidas discriminatorias relacionadas.
La Corte, además, deberá asesorar sobre cómo las acciones de Israel afectan el estatus legal de la ocupación junto a las consecuencias para la ONU y otros países.
Aunque la solicitud pide un pronunciamiento del alto tribunal urgente sobre el asunto, el veredicto podría demorar meses.
La representación palestina comenzó su presentación este lunes y, posteriormente, 51 países y tres organizaciones internacionales intervendrán en el caso.
El equipo legal palestino aseguró al panel de jueces internacionales que Israel ha violado la prohibición de conquista territorial al anexar grandes extensiones de tierra ocupada y el derecho de los palestinos a la autodeterminación.
En ese sentido, alegaron además que la nación ocupante ha impuesto un sistema de discriminación racial y apartheid.