Contextos del 11 de septiembre

La Alianza Para el Progreso, respuesta a la Revolución Cubana, fue lanzada el 13 de marzo de 1961 con el discurso del presidente de EE. UU., J. F. Kennedy, en una recepción de embajadores latinoamericanos: «Proponemos completar la revolución de las Américas, construir un hemisferio, donde todos los hombres pueden tener esperanza en un adecuado nivel de vida y todos pueden vivir la totalidad de sus vidas en dignidad y libertad».

Ya en 1962, el monto inicial prometido para América Latina de 20 000 millones de dólares para el desarrollo se había reducido en un 40 %, por decisión del Congreso de EE. UU.

Al solicitar los fondos de su iniciativa, Kennedy había reconocido que en América Latina «millones de hombres y mujeres sufren degradación diaria de hambre y pobreza».

La idea de que el plan incluía la realización de reformas agrarias en los países latinoamericanos fue calificada como muy socialista por miembros del Congreso de EE. UU., y, sencillamente, rechazado en silencio por las burguesías nacionales, que aceptaron el dinero destinado para la Alianza, y lo desviaron convenientemente para sus propias arcas.

Otras ideas, como la de estabilizar el precio de las materias primas, que América Latina exportaba, reconociendo su dependencia en la monoproducción, tampoco fueron muy exitosas, ni condujeron a significativas mejoras del nivel de vida de trabajadores y campesinos.

La Alianza para el Progreso fue oficialmente aprobada en agosto de ese año, en Punta del Este, en la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la oea. Su acción culminó en el fracaso, en 1970, con la llegada de Richard Nixon a la presidencia de EE. UU. de un año antes, y con la extinción práctica del Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso.

Con su fracaso y el paso a políticas «duras» con respecto a América Latina, se cierra una ventana con la que las burguesías nacionalistas de nuestra región, con pretensiones reformadoras y de desarrollo social, pudieron aspirar a contar con el apoyo del hegemón norteño.

El espejismo de que se podía acomodar un imperialismo benévolo, cuyo yugo no podía ser sacudido, pero al menos matizado para que se alineara con un mínimo de aspiraciones sociales, fue derrumbándose con los sucesivos golpes de Estado en la región.

Que el imperialismo benévolo era una ilusión, lo anunciaba el golpe de Estado en Brasil, en 1964, pero la fachada nacionalista de aquel régimen funcionaba a determinado nivel, para mantener el engaño.

Con la llegada de un Nixon con pocas intenciones de guardar las apariencias, el truco de ilusionismo fue definitivamente enterrado con el golpe de Estado de Hugo Bánzer, en 1971, contra el gobierno de Juan José Torres, en Bolivia; el de Oswaldo López Arellano contra Ramón Ernesto Cruz, en Honduras, en 1972; el golpe de Estado en Uruguay, en 1973, y el establecimiento de la junta militar en Argentina en 1974.

A finales de este periodo, 13 gobiernos constitucionales de América Latina habían sido derrocados por golpes de Estado alentados o directamente respaldados por Estados Unidos.

Pero si un hecho marcó la ruptura simbólica de la época y el fracaso de toda posibilidad conciliatoria con el imperialismo estadounidense, fueron los vidrios rotos del Palacio de La Moneda, un 11 de septiembre de 1973. El golpe de Estado contra Salvador Allende dejó claro que EE. UU., en esas circunstancias de Guerra Fría, no permitiría posibilidad democrática para aspirar al socialismo en América Latina.

En todos esos países, como poder (o como oposición, en el caso chileno), los «autonomistas» burgueses, y los sectores de todas las capas clientelares a ellos, fracasaron en estructurar o alinearse a un programa que solucionara los graves problemas sistémicos y las desigualdades sociales de los países latinoamericanos; autonomistas frente a la disyuntiva política y económica esencial de América Latina, que no es otra que la contradicción que se origina por su supeditación al imperialismo yanqui.

Sectores dentro de la pequeña burguesía, profesionales, funcionarios públicos, militares, dondequiera que abundaban los castrados sociales con demasiado miedo a la radicalización de la lucha liberadora para optar por ella, frente a la evidente acción recontra-colonizadora del imperialismo estadounidense.

En todos esos casos, la solidaridad transnacional de clases burguesas y capas clientelares (voluntaria o forzada) se imponía en la supuesta búsqueda de la «armonía» nacional.

No olvidemos esta historia al analizar la realidad concreta, incluyendo la nuestra.

La justicia social es una abstracción cuando no se aterriza en su relación con las clases sociales, los modos de producir y las maneras de apropiarse de lo producido. Por compleja que pueda ser esa relación en las sociedades modernas, el poder político sigue estando, en última instancia, determinado por el poder económico.

Vendernos y creernos en la posibilidad de la armonía de clases es una ilusión peligrosa, sobre todo en un proceso revolucionario que se hace frente al poder imperial más grande del planeta. Nuestra lucha de clases esencial no es contra una protoburguesía propia, ya sea en Miami o en Cuba, en todo caso, donde la haya necesariamente clientelar; es contra el gran hegemón burgués de nuestra época: el imperialismo yanqui.