El sistema de seguridad social en Cuba cumple 60 años

En 2023 se cumplen seis décadas de la promulgación del primer sistema de seguridad social en Cuba, la Ley 1 100 de 1963.

Esa legislación y las que siguieron, como la Ley 1 165 (1964), Ley 24 (1979) o la Ley 105, han unificado beneficios y derechos de la seguridad y asistencia sociales para trabajadores, madres y padres, y personas en estado de vulnerabilidad.

Virginia Marlen García Reyes, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social (Inass), destacó que al sistema de seguridad social cubano se destinó en 2023 un presupuesto de 45 896 millones de pesos, que comprende la protección tanto para el régimen general como para el especial, que es contributivo.

En una entrevista con Cubadebate, García Reyes analizó la historia de la seguridad social en Cuba después de 1959, la implementación reciente de legislaciones y las proyecciones y retos de ese sistema.

“En la actualidad el panorama de predominio del empleo estatal ha cambiado ante la heterogeneidad de formas de propiedad y gestión resultante del proceso de transformación, conocido en nuestro país como actualización del modelo económico y social”, reconoció.

Con los decretos leyes 18 y 19, modificativos de la Ley 105 (que incrementó la edad de jubilación en cinco años), que entraron en vigor en 2020, cambió el cálculo de la pensión de los trabajadores jubilados.

La directora general del Inass explicó que “a un trabajador que solicitó su jubilación en 2022, que ya tenemos gran cantidad de personas jubiladas a partir de ese año, se le tomó el promedio de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud. Los beneficia porque, al incrementarse el importe del salario, eso garantizó que se elevara el importe de la pensión.

“Si un trabajador pide su jubilación en el 2023, según el Decreto Ley 18 se le va a tomar el promedio de 2021 y 2022. Eso significa que se va a elevar muchísimo la pensión”.

En este cálculo se incluyen las utilidades.

“Nosotros –declaró– tomamos a los efectos del cálculo de la pensión  todo lo que el trabajador devengue, incluyendo, además, las utilidades siempre que estén comprendidas en el periodo a tomar en cuenta, dígase 2021 y 2022 para los que se vayan a jubilar durante 2023”.

Uno de los principales retos del Inass y otras instituciones cubanas es la creación de políticas e iniciativas que afronten el envejecimiento poblacional en el país, y la disminución de la natalidad y la tasa de reemplazo.

Según García Reyes, ante esta situación “hay que adoptar políticas que permitan garantizar estabilidad laboral, y la natalidad y la fecundidad, para sostener la economía del país, porque de lo contrario no va a haber fuerza de trabajo que garantice el desarrollo económico y social”.

El Decreto Ley 56, De la Maternidad de la Trabajadora y la responsabilidad de las familias, y el 71, que lo modifica y otorga nuevos derechos a figuras reconocidas por el Código de las Familias, son esfuerzos recientes para enfrentar los retos del envejecimiento poblacional.

“La puesta en vigor del Código de las Familias nos obligó a modificar lo que contenía el Decreto Ley 56, entre lo que se encuentra, por ejemplo, el vientre solidario. En ese caso específico, ambas personas tienen derechos en esta nueva legislación, tanto la que gesta como la que alquila ese vientre, por decirlo en algún término que sea entendible. Tiene que acompañar a esa gestante a las consultas médicas, y tiene una protección porque se le va a pagar también su salario, el porcentaje que está establecido para ese acompañamiento, hasta que llegue a feliz término ese embarazo”, dijo la directora general del Inass.

Además de los cambios en la edad de jubilación y el cálculo de pensiones, García Reyes aseveró que “se incorporaron regímenes especiales como el de las FAR, Minint, los creadores de artes plásticas, musicales, literarios, audiovisuales y trabajadores artísticos, miembros de las cooperativas de producción agropecuaria y no agropecuaria, usufructuarios de tierra, trabajadores por cuenta propia, las mipymes”

Otras legislaciones protegen a los atletas en activo y las glorias deportivas, a los titulares de los proyectos de desarrollo local y los pescadores comerciales.

“Se ha implementado un grupo de decretos leyes que protegen al sector no estatal, que también ingresa dinero al presupuesto del Estado a partir de las contribuciones”, manifestó.

El Decreto Ley 48 garantiza que el socio de la mipyme, de la cooperativa, o un trabajador por cuenta propia, puede seleccionar de una escala que va de 2 000 a 9 500 pesos cuál es su base de contribución, con lo que fija cuál será la pensión en el futuro. La base de contribución puede ser modificada en el último trimestre del año.

La directora general del Inass señaló que por la vía de la asistencia social se ha garantizado a personas vulnerables módulos gratuitos de alimentos, materiales de construcción o equipos electrodomésticos.

También se “potencia la formación de los trabajadores sociales para garantizar que se cubra el universo de atención en la población. Hay un programa, se hizo un evento recientemente, el primer encuentro de trabajadores sociales de Cuba, donde se sentaron pautas de trabajo. Se proyecta incluso una carrera dirigida a esta formación de trabajo social para poder garantizar ese acercamiento a la población en estado de necesidad”, dijo.

García Reyes explicó que hoy en día se aprueban las prestaciones de la seguridad social de manera expedita en los territorios: “Antes se llevaba a cabo a nivel nacional y esa función se descentralizó hacia los municipios. Se agilizó ese proceso y se da una respuesta mucho más rápida a las reclamaciones de esta población que está en situación de vulnerabilidad”.

Sobre el tema de la baja cuantía de las pensiones de los adultos mayores, dijo: “La situación económica del país es delicada, y con una pensión mínima de 1 528 pesos por edad o invalidez total sabemos que no alcanza.

“Esa situación no permite hacer un incremento de manera masiva, hasta este minuto. Lo cual no implica que no se hayan proyectado medidas que están a la espera de que la economía del país lo permita para poderle dar un beneficio mayor a esa población”.

No obstante, señaló que la asistencia social ha brindado protección a adultos mayores que carecen de familiares que puedan ayudarlos.

El Inass trabaja junto a Xetid en la implementación del Sistema Informático para la Gestión de los Recursos Humanos, que incluirá el expediente laboral digital.

Esta iniciativa “permitirá eliminar el expediente laboral en soporte de papel, que hoy constituye una brecha para la seguridad social, porque se falsifican documentos probatorios de tiempo de servicio y salario, y se cometen fraudes y violaciones por esa vía”, según García Reyes.

La directora general del Inass refirió que, con la aprobación del Decreto 69, se traspasan funciones del Instituto a las filiales en los territorios y a los Gobiernos locales.

“Eso no significa que a nivel nacional se desentienda de la gestión de los territorios, sino quedará una dirección de la seguridad social que conducirá desde el punto de vista metodológico el trabajo en cada uno de los territorios, pero la responsabilidad en un futuro mediato, que va a ser en 2024, va a recaer en los Gobiernos locales”, aseveró.