Google se pliega a Trump y cambia el nombre del Golfo de México a Golfo de América en Maps

Google Maps ya ha cambiado el nombre del Golfo de México por el de América después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que puso en marcha el proceso de cambio de denominación.

El nombre del Golfo ha cambiado solo en Estados Unidos, mientras que en el resto del mundo aparecen las dos denominaciones, tal y como anticipó Google en su cuenta de X (antes Twitter) el pasado 27 de enero.

En su mensaje, la compañía explicó: “Hemos recibido algunas preguntas sobre los nombres en Google Maps. Tenemos una práctica habitual a la hora de aplicar cambios de nombre cuando se han actualizado en fuentes gubernamentales oficiales”.

A finales de enero, Trump prometió que renombraría el Golfo de México. Este domingo designó el 9 de febrero como el Día del Golfo de América.

En un comunicado, anunció: “Hoy hago mi primera visita al Golfo de América desde que se le cambió el nombre. Mientras mi Administración restaura el orgullo estadounidense por la historia de la grandeza estadounidense, es apropiado que nuestra gran nación se reúna y conmemore esta ocasión trascendental”.

El cambio de nombre causó una gran polémica e incluso el Gobierno mexicano pidió en una carta al director ejecutivo de la multinacional, Sundar Pichai, que corrija el área “erróneamente” llamada ahora Golfo de América.

Para Francisco: Política migratoria de Trump terminará mal

El papa Francisco criticó duramente las medidas migratorias del presidente Donald Trump en una inusual carta abierta enviada el martes a los obispos católicos de Estados Unidos, en la que dijo que criminalizar a los migrantes y tomar medidas basadas en la fuerza “terminará mal”.

El papa, quien a principios de este año calificó de “desgracia” el plan de Trump para millones de migrantes, dijo que es un error asumir que todos los inmigrantes indocumentados son criminales.

“Exhorto a todos los fieles de la Iglesia católica (…) a no ceder a narrativas que discriminan y causan sufrimiento innecesario a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados”, dijo el sumo pontífice.

Francisco, papa desde 2013, lleva tiempo criticando las políticas migratorias de Trump. En 2016, durante la primera campaña de Trump a la Casa Blanca, dijo que el presidente “no era cristiano” en sus puntos de vista sobre la inmigración.

En la carta de este martes, el papa calificó la represión de la inmigración como una “crisis mayor” para Estados Unidos.

“Lo que se construye sobre la base de la fuerza, y no sobre la verdad de la igual dignidad de todo ser humano, comienza mal y terminará mal”, sostuvo Francisco.

También pareció responder indirectamente a la defensa de las deportaciones hecha por el vicepresidente JD Vance.

Vance, quien es católico, defendió la represión en un post de enero en las redes sociales haciendo referencia a un concepto teológico católico conocido como el ordo amoris u orden del amor, para sugerir que los católicos deben dar prioridad a los no inmigrantes.

El papa dijo: “El verdadero ordo amoris que hay que promover es (…) meditando sobre el amor que construye una fraternidad abierta a todos, sin excepción”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos también ha criticado las medidas de Trump contra la inmigración, calificándolas de “profundamente preocupantes” en un comunicado el mes pasado.

Aranceles al acero y aluminio elevarán costos en sector automotriz, advierte la industria

Los aranceles del presidente estadounidense Donald Trump sobre las importaciones de acero anunciados esta semana podrían causar estragos en la fabricación de automóviles en Estados Unidos, alertaron líderes de la industria.

Las medidas se alinean con la agresiva agenda comercial global del gobierno de Trump y sus ambiciones de fortalecer la industria estadounidense, pero podrían tener un efecto inverso, dijo la agencia AP.

A partir del 12 de marzo, todas las importaciones de acero estarán gravadas con un impuesto mínimo del 25%, resultado de dos órdenes que Trump firmó el lunes, que también incluyen un arancel del 25% sobre el aluminio.

Esto podría tener un efecto grave en las empresas automotrices nacionales, incluidas Ford, GM y Stellantis, y hacer que sus vehículos sean más caros para los compradores en el país.

Los aranceles sobre productos cruciales que provienen del exterior de Estados Unidos ejercen presión sobre el abastecimiento nacional de los materiales, señalan los expertos. Las reglas básicas de la oferta y la demanda podrían aumentar los costos.

“Producir vehículos tiene muchas partes móviles, y aumentar el precio de lo que es uno de los componentes más importantes del vehículo sólo va a elevar los precios de un producto que ya es caro”, dijo Sam Fiorani, analista de AutoForecast Solutions, que estudia la industria.

“Aranceles como estos no hacen nada para mejorar la industria automotriz directamente”, afirmó.

El Gobierno de Trump también ha trastocado la política de vehículos eléctricos establecida por el expresidente Joe Biden, al afectar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos, así como la revisión de las normas de emisiones de vehículos y rendimiento de combustible, todo lo cual podría influir en los planes de los fabricantes de automóviles para descarbonizar.

Las empresas automotrices ya han reducido algunos planes de electrificación debido a los cambios en el mercado.

La directora financiera de Ford, Sherry House, señaló el martes durante una conferencia de Wolfe Research que “hasta ahora lo que estamos viendo es mucho costo y mucho caos”.

“La realidad es que nuestros proveedores tienen fuentes internacionales para el acero de aluminio. Así que ese precio se reflejará y puede ser una parte especulativa en el mercado donde el precio podría aumentar, porque los aranceles son incluso solo un rumor”.

Empresas demandan a Gobierno de EEUU por millones en facturas no pagadas

El desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) por el Gobierno de Donald Trump ha afectado a varias empresas estadounidenses con cientos de millones de dólares en facturas pendientes de pago por trabajos ya realizados, según una demanda presentada el martes.

La repentina congelación de la ayuda exterior por parte de la Administración también ha hecho que proveedores y contratistas de la Usaid en Estados Unidos despidan a gran parte de su personal, como la empresa Chemonics International, con sede en Washington, que rescindió los contratos de 750 empleados, según la demanda.

“No se puede exagerar el impacto de esa conducta ilegal en empresas grandes y pequeñas que se ven obligadas a cerrar sus programas y despedir empleados, en niños hambrientos de todo el mundo que se quedarán sin ayuda, en poblaciones de distintas partes del mundo que enfrentan enfermedades mortales, y en nuestro orden constitucional”, afirmaron las empresas y organizaciones estadounidenses.

La demanda fue presentada en el Tribunal Federal de Distrito en Washington contra el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el administrador interino adjunto de la Usaid, Peter Marocco, nombrado por Trump y quien ha sido una figura central en el desmantelamiento de la agencia, y Russell Vought, jefe de la Oficina de Administración y Presupuesto de Trump.

Esta es al menos la tercera demanda sobre el rápido desmembramiento, por parte de la administración, de la agencia de ayuda y desarrollo de Estados Unidos y sus programas en todo el mundo. Trump y su aliado Elon Musk han apuntado a Usaid en particular, diciendo que su trabajo no coincide con la agenda de Trump.

La nueva Administración canceló contratos sin el aviso requerido de 30 días y sin liquidar los pagos pendientes por trabajos que ya se habían realizado, según un funcionario estadounidense, un empresario con un contrato de la Usaid y un correo electrónico visto por The Associated Press.

Solo para los productos de salud, no entregarlos “a tiempo podría producir hasta 566 000 muertes por VIH/SIDA, malaria y necesidades de salud reproductiva no satisfechas, entre ellas, 215 000 muertes pediátricas”, se indica en la demanda.

En el documento se afirma que el Gobierno no tiene autoridad para bloquear sin aprobación programas y financiamiento ordenados por el Congreso.

(Con información de agencias y Público)