Ley de Comunicación Social, otro innovador alumbramiento

Si en su ámbito es –y lo es– la primera nacida de una constitución socialista; si en Latinoamérica es pionera en desbordar sectores y articular en su concepción e implementación a los actores organizacionales, mediáticos y comunitarios; y si, además, pone en el colimador problemáticas comunicativas antes no resueltas aquí ni en otras geografías; entonces el alcance de nuestra Ley de Comunicación Social (LCS) es histórico.

Elementos esenciales de esa norma jurídica y sus reglamentos, publicados en la Gaceta Oficial de la República, fueron objeto de análisis recientemente, en la Mesa Redonda, por parte de directivos del Instituto de Información y Comunicación Social (ICS) de nuestro país, y de representantes de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) y de la Asociación de Comunicadores Sociales (ACCS).

¿DE DÓNDE VIENE LA LEY?

Muy asociada al surgimiento de la LCS, sostuvo Onelio Castillo Corderí, vicepresidente del ICS, está la visión del Partido Comunista de Cuba acerca de la comunicación social.

«Plataformas, pronunciamientos y acuerdos de Congresos del Partido, y distintos documentos políticos tributaron a ese campo y a la necesidad de transformarlo; y, por supuesto, la política de comunicación del Estado y del Gobierno cubanos sirven de base a esta ley, vertebrada a partir de pautas trazadas por la Constitución de nuestra República, uno de cuyos artículos establece el derecho de las personas a compartir y crear conocimientos», explicó el panelista.

Aclaró que al menos 17 de los derechos plasmados en nuestra «ley de leyes» pueden hacerse cumplir a partir de procesos comunicacionales.

Esta ley (la cual tuvo 34 versiones en su proceso de elaboración) es una construcción colectiva, producto de un consenso, apuntó Onelio Castillo. El debate favoreció la hondura y el rigor en los enfoques y contenidos; «los conceptos, principios y enunciados de esta ley tienen la coincidencia de la academia, la UPEC, la ACCS y la sociedad en su conjunto, elemento que –opinó– favorece su efectiva implementación».

En la historia legislativa del país es la primera vez que se fragua una Ley de este corte, «pues en Cuba y en todas partes del mundo había prevalecido una visión mediocéntrica, superada en esta norma jurídica, la cual apuesta por un concepto más amplio de la comunicación social en tres ámbitos (organizacional, comunitario y mediático); es lo que la distingue entre la visión que al respecto existe en otras latitudes». 

DE LA REGULACIÓN Y SU OBJETO EN LA LEY DE COMUNICACIÓN

El vicepresidente del ICS sostuvo que, en las normativas para su aplicación, la Ley «remarca los fundamentos éticos, políticos, ideológicos, culturales y sociales que la sustentan; pero también va al comportamiento ciudadano y su responsabilidad de cara a este proceso, pues hay una avalancha de manipulación, de desideologización cuando se construyen los procesos comunicacionales; internet está dinamizando la confrontación hegemónica que se hace también a través de la comunicación social».

Los reglamentos, añadió Onelio Castillo, «pasaron por un proceso de participación similar al de la ley, e igual fueron conciliados con todos los Organismos de la Administración Central del Estado, organizaciones profesionales, y la academia; además, con especialistas en Derecho y expertos en protección de marcas y derecho de autor.

«Una vez terminados los anteproyectos, en su tránsito hacia convertirse en reglamentos circularon por diferentes organismos, los cuales hicieron propuestas y sugerencias; a partir de ahí se aprobaron 244 cambios en los textos; eso lo enriqueció».

POR PRIMERA VEZ, LA LEY QUE NOS HACE FALTA

Por su capacidad de prever, y por su visión integral de la comunicación social, la Ley genera un antecedente en su campo, al incorporar, estratégicamente, lo organizacional y comunitario, coincidió Rosa María Pérez Gutiérrez, presidenta de la ACCS.  Una ley, dijo, que a diferencia de otras (de su tipo), «legitima un campo comunicativo organizacional vinculado al mediático y al comunitario, y lo articula en su implementación». La comunicación es un proceso integral, reconocido como un recurso estratégico de la dirección del país, tributa a los intereses de la nación, argumentó.

«Por primera vez, el sistema de prensa de Cuba va a estar en la ley», hizo notar por su parte Ricardo Ronquillo Bello, presidente de la UPEC: «Hasta ahora, ese sistema se ha regido por documentos políticos, muy importantes en tanto contienen muchas de las demandas y aspiraciones del sector profesional de la prensa, pero que no estaban en una ley».

Opinó que la normativa viene a resolver, entre otros problemas, el asociado a las diversas interpretaciones de la Política de Comunicación del Estado y el Gobierno, pues «han existido visiones, a veces divergentes, de cómo interpretarla y aplicarla en las distintas escalas de la sociedad».

La ley «clarifica todo eso, además, permite darle una mayor integralidad al ejercicio del periodismo y la comunicación mediática, y los interrelaciona; en una sociedad como la nuestra podíamos estar unidos y, a la vez, desarticulados», advirtió el Presidente de la UPEC.

«Pensemos –invitó Ronquillo– en la sociedad cubana de hoy, que vive una crisis multidimensional tremenda, con un impacto fortísimo sobre las condiciones de vida de la gente».

Por ejemplo, citó que, en medio de esa coyuntura, un medio tenga gran interés de dar información, como dice la ley ahora, oportuna, veraz, objetiva, pero que esa misma visión no la tenga un ministerio o una determinada institución del país «se produciría un encontronazo entre las visiones mediática e institucional de la comunicación; (…) la propia guerra que ha vivido (Cuba), el cerco al que está sometida, han incubado una visión demasiado discrecional sobre la información».

Esta ley le está concediendo al periodista el derecho de exigir que las instituciones le den la información de carácter público –no se la pueden negar–, y establece términos para que eso se cumpla. Es decir, «le está dando carácter jurídico a una voluntad que está en la dirección del proyecto político de la Revolución.

«Sin la sombrilla legal que ahora nos concede la ley, no pudiéramos avanzar en los cambios que nos estamos planteando en el sistema de prensa del país, los cuales contemplan transformaciones en la gestión editorial, económica y tecnológica de los medios, al tiempo que buscan revertir distorsiones heredadas de la construcción socialista del siglo xx», valoró el Presidente nacional de la UPEC. «Estamos hablando de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo; en esa aspiración la Ley de Comunicación es trascendental; es la que necesitábamos».

LO QUE VIENE

La implementación de la Ley precisa de capacitación comunicacional que fomente la cultura de la sociedad en ese campo, y facilite el ejercicio del derecho ciudadano a la información, la comunicación y el conocimiento, explicó Belkis Pérez Cruz, también vicepresidenta del ICS.

Dijo que tal labor empezó hace algún tiempo, con acciones de preparación de la estructura del ICS. Desde julio de 2023, la escuela ramal del Instituto asume la preparación intensiva de los directivos del propio organismo y sus directores provinciales. Ahora van a un curso más específico sobre la implementación de la Ley.

Pérez Cruz anunció un programa del ICS, con acciones de capacitación básicas en lo que resta del actual año, y que incluye cursos, talleres, formación de capacidades y producciones comunicativas, apuntó.

Se aspira a que, «en un futuro, esos contenidos integren los programas de estudio en los diferentes niveles y enseñanzas», reveló. Dijo que se ha diseñado capacitación para los actores comunitarios en los diferentes contextos, y que se elabora un proyecto de programa televisivo con el mismo propósito: «Desarrollar competencias comunicativas en la sociedad cubana».