La atención a la población requiere alta responsabilidad y sensibilidad

Sobre la necesidad de llevar el proceso de atención a las quejas y los planteamientos de la población a etapas superiores, a partir de la aprobación de la Ley que regula este procedimiento, reflexionó, este jueves, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y primer ministro.

En la reunión de balance del Sistema de Atención a la Población, efectuada en el Salón de los Plenos del Palacio de la Revolución, Marrero Cruz indicó que tenemos que identificar qué distorsiones y tendencias negativas afectan esta actividad, qué es lo que podemos hacer diferente y, a partir de ahí, orientar las proyecciones de trabajo.

En el encuentro, en el que participó el también miembro del Buró Político y secretario del Consejo de Ministros, general de Brigada José Amado Ricardo Guerra, que enlazó por videoconferencia a organismos, instituciones y estructuras territoriales en todo el país, María del Carmen Cedeño Rodríguez, jefa del Departamento de Atención a la Población del Palacio de la Revolución, informó que durante 2023 se atendieron 736 649 asuntos, un 10 % más con respecto a igual periodo del año precedente.

Agregó que, de las respuestas recibidas, el 48 % tenía razón o razón en parte, y la mayoría de las personas atendidas se mostró satisfecha con la atención y la respuesta ofrecida.

Los gobiernos con mayores incidencias, dijo Cedeño Rodríguez, son los de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Granma, Holguín y Santiago de Cuba, mientras que, por municipios, los siete que más reinciden son de la capital.

Entre las principales demandas planteadas por la población, según el informe presentado, están las solicitudes de viviendas y locales, la ayuda social y económica, las libretas de abastecimiento, los medicamentos y los materiales de la construcción, entre otros.

Luego de presentado el informe, Marrero Cruz se refirió a la forma en la que se da respuesta a los planteamientos de los ciudadanos, «ciertamente no podemos dar soluciones a todos los problemas a la vez», pero cada persona debe sentir que su situación fue atendida con toda la importancia, debe ofrecerse una respuesta, o al menos orientación.

Resaltó que la atención a la población requiere de una alta responsabilidad, pero también de sensibilidad, y subrayó que esta no es una actividad voluntaria para desarrollar por los organismos, es una obligación, según la Constitución y las leyes.

Alertó que no dar respuesta a un reclamo, una solicitud, petición o una denuncia de la población es directamente proporcional a la creación de estados de opinión negativos, que luego usa el enemigo en contra de la Revolución.

El Primer Ministro reconoció que, a pesar de las complejidades objetivas que enfrenta el país, existen insuficiencias subjetivas, pues hay lugares que avanzan con buenas experiencias y tienen las mismas limitaciones.

Tampoco se pueden desatender los planteamientos que llegan a través de las redes sociales, puntualizó el Jefe de Gobierno, pues este es un escenario que se aprovecha para atacar la gestión gubernamental.

Insistió en mantener actualizados las páginas web y los portales en los territorios, con información relevante para la población; no pueden llegar quejas o peticiones a los organismos por desconocimiento, por no brindar la información requerida.

Instó a tener una mayor exigencia, un mayor control a todas las instancias de Gobierno, con énfasis en los territorios, que es donde está la vida diaria, donde se produce la mayor parte de los problemas, pero también, donde están las soluciones.

Indicó desterrar el «no se puede», las autolimitaciones, y si no se puede erradicar el problema, por lo menos tenemos que quitarle un pedacito.

El Jefe de Gobierno insistió en las bondades que brinda la Plataforma Bienestar, al permitir la integración y ejecución controlada de los procesos que ordenan la tramitación de la documentación oficial emitida por las entidades del Gobierno, además de ser un canal de comunicación bidireccional entre los ciudadanos y las instituciones, creando un flujo de colaboración interministerial en la búsqueda de soluciones, con una participación popular.