Sin tregua contra el delito
La falta de sistematicidad y de integración entre todos los implicados en el enfrentamiento al delito, incluyendo aquellos que tienen responsabilidad en el control y la preservación de los bienes personales y del Estado, llevó a algunos malhechores residentes en Villa Clara a envalentonarse y a creerse inmunes, desconociendo la probada capacidad del pueblo y sus autoridades para poner orden en un asunto tan serio como la tranquilidad ciudadana.
Cuando se analiza este fenómeno, no pueden obviarse las consecuencias que en el orden social y económico han traído aparejadas la compleja situación interna generada por el recrudecimiento del bloqueo genocida y la política de asfixia del Gobierno de EE. UU., además de otros problemas económicos que propiciaron la inflación y los altos precios que hoy sufre la población.
Las últimas semanas y meses, en los que se ha dado una buena batida a las diferentes manifestaciones delictivas en la provincia, han demostrado que, cuando existe unidad entre todos los implicados, y si se cuenta con la fuerza del pueblo, no hay espacio para la impunidad ni para el desaliento.
Claro, para nada puede pensarse que esta es una batalla ganada, al contrario, la mayoría coincide en que está comenzando. Las violaciones sistemáticas de los precios, la continuación del hurto y el sacrificio de ganado, aunque en menor escala, y otras múltiples transgresiones que todavía pululan por doquier, demuestran que falta mucho por hacer para estar a la altura de lo que demanda el pueblo trabajador.
No obstante, las cifras y los hechos revelan que sí es posible vencer en la guerra contra la delincuencia, lo cual no quiere decir que esa será una tarea fácil. Para ganarla, se requiere dejar atrás las campañas de ocasión que tanto daño han hecho en el pasado, y acabar de entender que solo la sistematicidad y el enfrentamiento diario y sin medias tintas conducirán al éxito en esta misión.
Así, por ejemplo, gracias a las medidas operativas y estatales implementadas aquí, al cierre de junio se produjo una disminución de los hechos, en comparación con el mes anterior, lo cual incluye el hurto y sacrificio de ganado, que presenta una reducción significativa, además de otros delitos que también disminuyeron.
Como resultado de las acciones mancomunadas del Ministerio del Interior (Minint), la Fiscalía, los tribunales, los cuerpos de inspectores, las distintas organizaciones con responsabilidad en esta crucial tarea, y de la participación decisiva del pueblo, fueron detenidos y procesados un número significativo de individuos que en su mayoría eran personas desocupadas y con antecedentes penales.
Entre los delitos más comunes figuran los hechos contra el ganado; la sustracción de motos y ciclos eléctricos, con mayor impacto en Santa Clara; la sustracción de balas de gas; el robo con fuerza en las bodegas y también fenómenos aislados de violencia, que incluyeron varios casos de asesinatos y homicidios, los cuales fueron esclarecidos en su totalidad y detenidos sus autores, según fuentes consultadas del Minint.
Vale destacar la labor desarrollada por las fuerzas de este órgano en el territorio, que han actuado contra el potencial delictivo más connotado, contra prófugos de la justicia y contra personas circuladas; en las fronteras interprovinciales y en las redes sociales; a lo cual se une el trabajo conjunto con el Tribunal Provincial para la revocación de medidas a aquellos ciudadanos reincidentes en la comisión de hechos delictivos.
A MAYOR CONTROL MENOS DELITO
Muchas resultan las quejas que a diario emanan del pueblo acerca de las violaciones de precios, los malos servicios, la adulteración de las normas de medida y de calidad, y otros maltratos que generan descontento y complican la vida del ciudadano común.
El destacado profesor Joaquín González, por ejemplo, hace unos días fue hasta donde estaba un carretillero para adquirir unas libras de malanga para su hija enferma, pero cuál no sería su sorpresa cuando, a la hora de pagar, él, que se había guiado por el precio publicado en la pizarra, recibió como respuesta: «Olvídese de eso, mi viejo, eso es solo para los inspectores, aquí la libra se vende a 90 pesos. Lo toma o lo deja».
Otras personas residentes en la capital de la provincia nos contaron que, mientras compraban arroz en un punto de venta ubicado en la circunvalación, coincidieron con los inspectores del municipio, quienes detectaron cómo el vendedor esquilmaba el bolsillo del pueblo, al cobrar de manera ilegal la libra a 220 pesos, y no a 150, como había sido acordado por el Gobierno en el territorio.
Tras el decomiso de la mercancía, la imposición de una multa de 8 000 pesos y la obligación de vender el codiciado grano a los allí presentes, al llegar a la casa la mayoría de ellos pudo comprobar que les habían estafado dos y hasta tres libras. Así, con ese modus operandi, los estafadores recuperan el dinero de la multa y mucho más, porque al marcharse los inspectores, volvieron a establecer el precio original.
«No son hechos salidos de la ficción. Esa es la manera en que el pueblo se ve perjudicado a diario por aquellos que quieren ganar más que los que producen», nos dice Adelmar Cedeño, una persona que ha entregado su vida a la Revolución y que confía en que estas cosas tengan un feliz final.
RESULTADOS AL FIN, PERO INSUFICIENTES
Según José Luis Nápoles, coordinador de programas y objetivos del Gobierno de Villa Clara, en las más de 11 000 inspecciones realizadas en lo que va de año a entidades estatales, trabajadores por cuenta propia, ilegales, personas naturales y a mipymes, se detectaron 12 487 violaciones, por las cuales se aplicaron más de 12 000 multas por un valor de poco más de 31 millones de pesos.
Un dato revelador de la indisciplina que aún pervive en las calles y establecimientos de Villa Clara, es que del total de multas, 1 914 se aplicaron a personas que ejercían de manera ilegal; mientras casi 6 000 obedecieron a violaciones relacionadas con precios y tarifas, entre las que se incluyen el abuso y la desinformación al consumidor, los precios abusivos y/o especulativos, la no tenencia del listado oficial de precios y la retención de mercancías, entre otras.
«Ante tantas transgresiones, en especial en lo relacionado con los productos agropecuarios, el Gobierno provincial aprobó concertar el precio de varios productos, de modo que nadie pudiera sobrepasar esos límites; sin embargo, la vida ha demostrado que no siempre tal indicación se cumple y que para logarlo sería necesario un inspector en cada tarima», reconoce el funcionario.
Otra medida aplicada fue la revisión de las fichas de costo que repercuten en determinados precios minoristas, como los productos lácteos y los cárnicos, señala Nápoles, quien añade que, como parte de esta cruzada, también se controlan las utilidades de las empresas, de modo que estas no se deban al incremento indebido de precios o al encubrimiento de su ineficiencia.
En cuanto a las multas aplicadas por otros organismos, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Salud Pública, entre otros, se decrece respecto al año anterior en más de 17 000, siendo los municipios de Santa Clara, Manicaragua y Placetas los peores en este acápite.
En esta situación ha influido el hecho de que la plantilla de inspectores está cubierta solo al 52,5 %, lo cual significa que existe un déficit de 91 funcionarios en el territorio, sin contar los que faltan en otros organismos como la Dirección de Finanzas y Precios, la ONAT y la Dirección de Transporte, reseña el Coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno.
Como parte del enfrentamiento al delito, se le dio de baja del Registro de Consumidores a 32 316 personas que habían salido del país y a 3 176 fallecidos, muchos de los cuales aún recibían la canasta familiar normada entregada cada mes por el Estado.
Según José Luis Nápoles, en esta etapa se registraron 512 quejas y/o denuncias de la población, de las cuales 465 tuvieron razón, facilitando así el enfrentamiento a los hechos delictivos, de corrupción o de otra índole, una demostración de que solo con el concurso de todos podrá ganarse la guerra a la delincuencia.