Normativas de regulación ambiental en las prioridades villaclareñas
Profundizan en Villa Clara los cuidados a la flora y la fauna silvestres.
Para nadie es secreto que los recursos de la flora y la fauna silvestres demandan su protección; sin embargo, son reiteradas las violaciones y actos indiscriminados perpetrados contra ellos. Por ello Villa Clara fortalece los instrumentos reguladores, sobre todo ante las prácticas relacionadas con la irracional caza ilícita, la tenencia de ejemplares en condiciones inauditas y otras manifestaciones que claman por decisivas acciones de control.
A ello se suma lo relacionado con la existencia del Decreto Ley 31, que rige el bienestar animal e incorpora entre sus normativas el tratamiento ante la posesión, maltrato y métodos inadecuados del amplio patrimonio que conforma la fauna silvestre.
En intercambio con periodistas que atienden la temática científica y medioambiental quedaron claros los procedimientos, concernientes al CITMA, que se siguen con las especies de vida silvestre de la fauna.
En este sentido, el máster Iván Brito Fuentes, director de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) en el territorio, destacó la existencia de una lista de especial importancia que establece que para la tenencia de iguanas y cotorras (Amazona leucocephala) «reguladas por la ley» resulta imprescindible conceder los permisos que demuestren la procedencia lícita de los ejemplares, así como la prohibición de comercializarlos como actividad lucrativa e ilegal.
Estas licencias son otorgadas por la ORSA en Villa Clara, radicada en la Delegación Territorial del CITMA, aunque algunas especies, por sus propias características y fines, requieren la aprobación del organismo nacional; entre ellas, los delfines (Delphinus delphis) destinados a espectáculos de acuario o de los propios delfinarios.
También el cobo (Strombus gigas) demanda de autorización nacional en dependencia del comportamiento poblacional de la especie en determinada área, a fin de determinar la cantidad permisible de extracción para no afectar la biodiversidad.
Por otra parte, se impone el uso racional de los recursos maderables, como en el caso de la caoba antillana (Swietenia mahagoni), otra de las reguladas y que necesitan permiso ante cualquier acción.
Otro aspecto que no puede soslayarse es el relacionado con las intervenciones por razones sanitarias con especies que causan determinadas molestias, como las ocasionadas por los murciélagos, que afectan a escuelas, centros de trabajo e, incluso, las propias viviendas.
El máster Iván Brito puntualiza que en estos casos también se requiere una autorización para realizar el proceso de manera racional sin causar grandes impactos. Hay que desmontar guaridas, bloquear entradas, situar sustancias que ahuyenten y, en último caso, recurrir a la fumigación para evitar un exterminio masivo que resulte contraproducente al equilibrio en los procederes.
«La población debe entender que no se trata de reprimir, sino de regular cada proceso con la correspondiente documentación para acceder a los recursos de la biodiversidad y no causarle más afectaciones»», precisó Brito Fuentes.
Desde 2020 se cuenta con herramientas que permiten regular las formas de uso, de convivencia, y de relación con los recursos del entorno.
Vale señalar que por estos conceptos solo se emiten de 10 a 15 licencias anuales, cifra que no resulta suficiente a lo mejor por falta de información de lo que está concebido, aunque los guardabosques realizan decomisos ante hechos que no tienen autorización ni cuentan con licencias otorgadas por el Citma, aun cuando esos ejemplares aparecen en la lista de regulaciones.
La provincia prosigue la capacitación del personal encargado del control y enfrentamiento a estas ilegalidades; entre ellos, los integrantes del Cuerpo de Guardabosques y quienes laboran en la Aduana como vigilantes de las exportaciones e importaciones indebidas.
Valen, entonces, las normativas que protejan la natura y su biodiversidad como garantía de un futuro sostenible.
