Defensoría del pueblo certifica graves violaciones de los derechos humanos en Ecuador
La Comisión para la Verdad y Justicia que integró la Defensoría del Pueblo de Ecuador, pone punto final a sus conclusiones sobre las protestas ocurridas en octubre del 2019 y en el informe en preparación se responsabilizaría al Estado de «violentar gravemente» los derechos humanos.
En un borrador al que tuvo acceso la prensa ecuatoriana se detallan las conclusiones y el análisis respecto de esas manifestaciones ocurridas hace poco más de un año, encabezadas por el movimiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación de los combustibles que dispuso el presidente Lenín Moreno.
De acuerdo a las observaciones hechas, el Estado ecuatoriano «violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física y psicológica, la libertad personal, el derecho a la libre expresión, entre otros derechos».
En adición afirman que el Gobierno de Moreno tuvo un discurso en el que posicionó «una interpretación hegemónica de la realidad y justificó la represión para mantener la estabilidad política del régimen y de la democracia».
El informe argumenta que «lo sucedido en octubre de 2019 no puede verse como abusos o excesos aislados por parte de la fuerza pública ya que se han vulnerado los derechos humanos a la vida e integridad personal».
Aagrega que la Comisión de la Verdad pudo observar que los agentes de la fuerza pública «actuaron reiterando conductas violentas entre el 3 y el 16 de octubre y causaron serios y, en algunos casos, irreversibles daños en la población civil».
La Comisión, en el proceso de elaboración de su informe había recibido 519 testimonios, de los cuales 249 revelaron vulneraciones a derechos humanos. De ellos, 188 son de miembros de la Policía Nacional y 34 de las Fuerzas Armadas. Se menciona que 26 funcionarios públicos, entre estos de la Fiscalía General, «no actuaron en el marco de sus competencias».
Aún no se ha informado en qué fecha se divulgará el informe final de esta Comisión, pero se destaca que el objetivo es establecer un «estándar para la no repetición de estos hechos».
